Corinthians de Brasil ofreció pagar 50.000 dólares a la familia del joven Kevin Beltrán Espada, fallecido el 20 de febrero en el estadio Jesús Bermúdez —durante el partido de San José contra el club de Sao Paulo por la Copa Libertadores de América—, a cambio de que sea retirada la demanda penal en contra de los cinco hinchas detenidos en la cárcel San Pedro de Oruro, acusados del hecho.
El diario deportivo brasileño Lance difundió la información y anunció un acuerdo mediante el cual el club abonaría esa cantidad de dinero para permitir la libertad de los aficionados. La publicación recordó que a fines de abril había la posibilidad de que el denominado “bono de solidaridad” ascendiera a 200.000 dólares, sin embargo “no se pudo llegar a un acuerdo porque el Corinthians perdió contacto con la familia del menor”.
Jorge Ustárez, el abogado de los padres de Beltrán que se han convertido en parte civil en el caso, aseguró no tener ninguna información al respecto, por tanto “el proceso continúa en fase de investigación”.
“No tenemos nada oficial y el proceso continúa”, dijo Ustárez, quien negó haber sostenido algún contacto con dirigentes del club brasileño o con el abogado de los detenidos en Oruro. Sin embargo, también admitió que era probable que la negociación se hubiera realizado directamente con los familiares del joven fallecido.
En el plano legal, “la posibilidad siempre está abierta” de que se llegue a un acuerdo entre las partes, “pero eso lo tienen que valorar el padre y la madre, a mí no me dijeron nada”. Limbert Beltrán, padre del menor, no pudo ser contactado por La Razón, a pesar de los insistentes llamados al teléfono de su domicilio y a su celular. El 20 de febrero pasado, una bengala que fue lanzada desde la barra del club visitante impactó en el rostro de Kevin y le causó la muerte instantánea.
La Policía Boliviana inició una investigación de forma inmediata que concluyó con la detención preventiva de 12 hinchas brasileños, quienes al día siguiente fueron remitidos al penal de San Pedro acusados por asesinato en el caso de dos de ellos y por complicidad, los restantes.
Sin embargo, el 6 de junio, siete de ellos fueron liberados porque no hubo pruebas que los involucraran en el suceso. Cinco todavía están detenidos en el penal y el domingo 21 cumplirán cinco meses en la cárcel.
De acuerdo con la legislación boliviana, la etapa investigativa puede prolongarse por seis meses, o sea que está dentro del plazo inicial. En las últimas semanas, el Ministerio Público no ha brindado más información al respecto.
Fuente: La Razón
